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“No podemos hablar de Seguridad del Paciente sin que tengamos presente  un recurso básico e imprescindible para su consecución, disponer de profesionales cualificados en cantidad adecuada con unas condiciones de trabajo que permitan el desarrollo de su quehacer profesional.”

 

Hoy me voy a referir a la situación de los cuidados de enfermería en las residencias, un entorno de cuidados en el que viven y son atendidas una gran cantidad de personas en España, 389.231 según datos del IMSERSO, una población que para que nos hagamos idea de su dimensión, es superior a la de 19 de las 52 provincias y ciudades autónomas de España y  que a tenor de la evolución demográfica va a sufrir un importante incremento en los próximos años.

Antes que nada, pido excusas por la extensión del post, pero la magnitud del problema hace que me tenga que extender…..

Si hablar de residencias es hablar de un entorno, vivienda permanente que es, en el que hay personas que tienen que ser cuidadas, estos cuidados de enfermería requieren de profesionales cualificados, en este caso las enfermeras generalistas y las especialistas en geriatría y gerontología (un dato al respecto, en España más de nueve mil profesionales enfermeras son especialistas tituladas en Enfermería Geriátrica, ¿Cuántas conocen que trabajen como tal?), que diagnostiquen las necesidades de salud de los usuarios, se coordinen y trabajen conjuntamente  con otros miembros del equipo interdisciplinar como los geriatras, diseñen e implementen planes de cuidados, aseguren la correcta aplicación de los mismos por parte de los diferentes miembros del equipo de enfermería y que evalúen el impacto y la eficacia de los mismos; para ello se forma y capacita a las enfermeras.

Resulta una paradoja que siendo las residencias instituciones cuya actividad gira alrededor de un eje fundamental, cuidar a sus usuarios, los profesionales capacitados y responsables de los equipos para cuidar a las personas, las enfermeras, son en muchos casos, por no decir la mayoría, prácticamente inexistentes o testimoniales.

Las residencias son y han sido tratadas durante muchos años como la hermanita pobre de la atención sociosanitaria, con importantes disfunciones en cuanto a su gestión, al confluir en ellas la atención de salud y la atención social con enfoques frecuentemente contrapuestos o diferentes y alejados de las necesidades reales de sus usuarios.

Por otra parte, a nadie se le escapa que las residencias son en muchos casos una actividad económica orientada a generar beneficio para las empresas que las gestionan, opción perfectamente legítima siempre que el beneficio económico no menoscabe la salud, la calidad de vida y la seguridad de las personas que están atendidas en ellas en un entorno en el que su financiación procede en un 62% de los presupuestos públicos.

“Tampoco es de recibo escurrir el bulto y trasladar la responsabilidad de la atención de salud tanto médica como de enfermería de las residencias a la atención primaria, otro despropósito.”

 

En el país del “a río revuelto, ganancia de pescadores”, algunos después del desastre de la pandemia de COVID hasta se han atrevido a  reclamar la “medicalización” de las residencias, cuando lo que realmente hace falta, si nos centramos en el cuidado de las personas es “enfermerizar” las residencias y desmedicalizar muchas situaciones que lo que requieren son cuidados que deben ser administrados o supervisados por enfermeras especializadas, para con ello garantizar una atención de calidad y no resolver cuidados con fármacos o técnicas agresivas.

Tampoco es de recibo escurrir el bulto y trasladar la responsabilidad de la atención de salud tanto médica como de enfermería de las residencias a la atención primaria, otro despropósito. Parafraseando el refranero, “Desvestir un santo para mal vestir a otro”, o “entre todos la mataron y ella sola se murió”.

La pandemia de COVID ha sacado a la palestra la verdadera y cruda realidad de los cuidados de enfermería que reciben muchos de los usuarios de residencias en España, una realidad conocida e ignorada por sus responsables desde hace mucho tiempo, quienes  temerariamente la ignoraban y miraban hacía otra lado, y lo que es peor, sin haber aprendido nada de las lecciones de la pandemia aún siguen haciéndolo, dejando a los cuidados en una situación de mínimos en  la gran mayoría de residencias, que no todas,  ya que existen honrosas excepciones.

La epidemiología es una ciencia objetiva, y los datos objetivos nos permiten dimensionar diferentes realidades relacionadas con el Sistema de Salud y en el caso que nos ocupa, de las residencias. El hecho de que el impacto de la pandemia de COVID esté íntimamente ligada a datos epidemiológicos nos ha permitido evidenciar y poner cifras  a realidades que antes eran ignoradas y silenciadas insisto, de manera inconsciente y temeraria por parte de sus responsables.

Ojalá sirva también para que algunos respondan de sus acciones arriesgadas cortoplacistas y economicistas,  basadas solo en la búsqueda de un rédito político, esto si,  a costa de los sufridos pacientes y de los profesionales que trabajan en el Sistema de Salud. No deja de ser sorprendente e insultante que un juez exima a la administración sanitaria de su responsabilidad ante la más que manifiesta  escasez de equipos de protección personal con sorprendentes afirmaciones como “los sanitarios tenían la obligación de sacrificar su derecho a la vida e integridad aún sin mascarillas, durante la primera ola de Covid-19, en beneficio de la vida e integridad del resto de la población“, sin comentarios………, pero,  ¿si fuese su mujer o su hijo esa enfermera ¿opinaría su señoría lo mismo?,

Que sea Amnistía internacional, una entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos, quién lleve el peso de pedir explicaciones  y se haga portavoz de los familiares de los al menos 35.670 mayores que murieron en España durante la primera fase de la pandemia en residencias  ante la falta de iniciativa  institucional dice muy poco de las autoridades políticas, sanitarias y judiciales de nuestro país, que una vez más echan balones fuera, miran hacia otro lado y no asumen ni sus responsabilidades éticas y sanitarias ni las que tienen que ver con una óptima y sensata utilización de los recursos públicos que pagamos entre todos. Y lo más triste es que muchos tenemos la sensación de que nada ha cambiado dos años después

“Nadie, y menos nuestras personas mayores, a quienes les debemos todo lo que tenemos, se merecen una situación como esta, todo por ahorrarse dinero y que algunos puedan tener más lucro y ganar aún más dinero.”

 

La pandemia de COVID, y sus funestas consecuencias en los más débiles, las personas mayores, ha permitido, a pesar de la enorme implicación y compromiso por parte de muchos profesionales de las residencias que incluso llegaron al extremo de confinarse y vivir en sus centros de trabajo, evidenciar la situación en relación a los cuidados de enfermería que reciben los usuarios, de muchas o muchísimas, pero vuelvo a insistir y en honor a la verdad, no todas, residencias en España, situación que tiene responsables por acción y por omisión, tanto en el ámbito de las residencias como en el de la gestión sanitaria y social  y las políticas de atención de salud.

Superada la primera fase de la pandemia, y tras los aplausos de rigor y que los profesionales pudiésemos, al poco tiempo, constatar la falsedad de muchos de los elogios y declaraciones biensonantes, la ineficacia de los políticos con responsabilidades en la gestión de salud les ha llevado a, en vez de poner en marcha acciones y recursos para la mejora de los cuidados en las residencias, a tomar la decisión de blindarlas para que el COVID no entrase en ellas sin tener en cuenta las serias repercusiones que ello conlleva, ha conllevado y pagaremos durante mucho tiempo en sus usuarios, en los familiares de los mismos  y también  en los profesionales que trabajan en estas residencias. ¡¡Qué flaca que es la memoria¡¡

Poniendo el COVID como ejemplo, y con todo lo que ello conlleva, haber tenido las residencias dotadas de profesionales con la adecuada capacitación profesional, de bien seguro que habría ayudado en muchos casos a minimizar directamente el impacto de la pandemia y sus consecuencias en muertes y deterioro de la salud en muchos de sus usuarios e indirectamente en las personas que estaban cuidándoles.

Los cuidados de salud en situaciones de emergencia, la actuación ante brotes infecciosos, las estrategias de aislamientos, la formación del personal de menos cualificación en protección personal y la gestión de estas situaciones,  no es algo que se improvisa ni que se deja en manos de la buena voluntad de quien está al lado del paciente, es algo que se basa en la  ciencia y en la evidencia, que se estudia, que se practica y que requiere de profesionales que puedan actuar como  líderes para aplicarlo cuando hace falta, situaciones ante las que la improvisación, aunque sea con la mejor intención y voluntad posible, puede tener funestas consecuencias tal como la pandemia de COVID nos ha demostrado crudamente y algunos no quieran ver.

A los políticos y a la Administración de Salud le corresponde la responsabilidad de  financiar de manera adecuada a las residencias públicas y los centros concertados para que en estos se cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para cuidar a sus usuarios de manera eficiente y segura y asegurarse, vía inspección y evaluación de que ello ocurre,  tanto en las de titularidad pública, como en las de titularidad privada;  no hacerlo es una dejación de funciones y un menoscabo a un derecho humano fundamental como es el de la atención de salud. Dejar que alguien haga negocio con nuestros mayores a costa de la calidad asistencial y de los derechos de los trabajadores es sencillamente un delito y un atentado inaceptable a los pilares básicos de una sociedad civilizada.

Si nos centramos en la dotación de enfermería en las residencias, algunos se escudarán en la consabida y tan amañada excusa de que no hay enfermeras…. , con lo que en muchos casos, la responsabilidad de los cuidados de enfermería recae en auxiliares de geriatría y gerocultores;  ello se debe, digamos la verdad y pongamos las cartas encima de la mesa,  a los sueldos de miseria que se pagan a quienes trabajan en ellas y al nulo proyecto de desarrollo profesional que pueden desarrollar en las mismas profesionales cualificados como enfermeras geriátricas o enfermeras generalistas, convirtiendo a las residencias en  una opción nada atractiva para las enfermeras quienes ven en otro tipo de instituciones de salud una salida profesional más atractiva, lo que se traduce en que en demasiadas ocasiones  la responsabilidad de los cuidados recaiga en manos de personas, que en mucho casos tienen muy buena voluntad, pero que carecen de la formación y la supervisión necesaria y que acceden a esta mal pagada ocupación laboral como último recursos por que no encuentran otra cosa o por que no pueden acceder a una formación adecuada.

Las consecuencias de la infradotación en las residencias de enfermeras geriátricas, amén de la de otras figuras esenciales para la atención geriátrica interdisciplinar como los médicos geriatras, incide de lleno en la calidad de la atención que reciben los usuarios de las mismas, residentes muchos de ellos en situaciones de fragilidad extrema y compleja que requieren de una atención de salud específica y especializada.

La jugada es maestra, no hay enfermeras por que los sueldos son de miseria, se inventan una nueva figura profesional de escaso nivel y de paso van a tener en las residencias a personas mal pagadas y escasamente formadas para que algunos puedan hacer lo que quieran con ellas y estas  no les exijan ni cuestionen elementos relacionados con la calidad de los cuidados…”

 

La ausencia de enfermeras también afecta a otras dimensiones relevantes como la Seguridad del Paciente, una realidad que si ya de por sí es de mero postureo y palabras vacías en muchas instituciones de salud, es en el mundo de las residencias una utopía galáctica, utopía que de otra parte  tiene graves repercusiones para el Sistema de Salud que es quién se va a tener que hacer responsable de gastar enormes recursos materiales, asistenciales  y organizativos para resolver una gran cantidad de eventos adversos, y por tanto evitables  y con potenciales repercusiones tanto en la salud, como  en la calidad de vida de quienes los sufren, es el caso de las lesiones por presión, dermatitis asociadas a la incontinencia, desgarros cutáneos, infecciones asociadas a los cuidados de salud, caídas accidentales, errores de medicación…,  que  por el hecho de que no estén medidos ni registrados no quiere decir que no existan ni ocurran, -ojos que no ven, corazón que no siente y ciudadano que paga con sus impuestos….

La respuesta de la administración ante esta situación, que en un futuro próximo puede también tener poco halagüeñas consecuencias, tanto para los administradores como los administrados que un día u otro vamos a tener que ser cuidados en residencias, no deja de ser sorprendente, y permítanme que diga temeraria, cortoplacista y falta de ética y de lógica, ya que en vez de ser proactiva en:

  • Dotar al Sistema de Salud y el Sistema de Servicios Sociales de los recursos económicos necesarios -Vuelvo a insistir, desconfíen de quienes les digan que van a bajar los impuestos, ya saben dónde ahorrarán aún más, de sanidad, educación y servicios sociales…-, para que este se pueda dotar de las plantillas y de los recursos necesarios para que pueda funcionar de manera adecuada.
  • Integrar de una vez por todas la atención de salud y la atención social en la atención sociosanitaria y desmedicalizar situaciones que pueden ser solucionadas con cuidados de enfermería.
  • Garantizar una atención geriátrica interdisciplinar adecuada a las necesidades de salud específicas de las personas mayores.
  • Hacer cumplir y garantizar unos adecuados niveles de calidad asistencial y de seguridad del paciente en  la atención sociosanitaria, tanto la financiada públicamente, como la financiada de manera privada.
  • Y sobre todo, crear las condiciones para que las enfermeras geriátricas puedan ejercer las funciones para las que han sido formadas, liderar equipos de cuidados con profesionales cualificados.

………No se les ocurre otra cosa, que ante la falta de profesionales cualificados (en otro post hice referencia acerca de la amenaza de la falta de enfermeras), y en una visión totalmente cortoplacista, e incluso diría, temeraria e insultante,  inventarse nuevas figuras profesionales de escasa y devaluada formación, en palabras del Consejo general de Enfermería, una nueva formación para tener profesionales low cost, la Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria para devaluar más aún la situación de los cuidados en las residencias y ahorrarse pagar a profesionales cualificados y “de facto” hacer desaparecer las escasas enfermeras existentes en las residencias, que en muchas ocasiones han tenido que liderar situaciones muy difíciles en la pandemia de COVID. Algunos políticos de flaca memoria las aplaudían y se atribuían sus méritos hace cuatro días y ahora patada en las nalgas……

“A la Administración de Salud le corresponde la responsabilidad de  financiar de manera adecuada a las residencias públicas y los centros concertados para que en estos se cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para cuidar a sus usuarios de manera eficiente y segura y asegurarse, vía inspección y evaluación de que ello ocurre,  tanto en las de titularidad pública, como en las de titularidad privada.”

 

La jugada es maestra, no hay enfermeras por que los sueldos son de miseria, se inventan una nueva figura profesional de escaso nivel y de paso van a tener en las residencias a personas mal pagadas y escasamente formadas para que algunos puedan hacer lo que quieran con ellas y estas  no les exijan ni cuestionen elementos relacionados con la calidad de los cuidados… Nadie, y menos nuestras personas mayores, a quienes les debemos todo lo que tenemos, se merecen una situación como esta, todo por ahorrarse dinero y que algunos puedan tener más lucro y ganar aún más dinero.

Y déjenme que acabe con algo que hace tiempo que me ronda por la cabeza y que enlaza con mi post sobre la falta de enfermeras

Solucionar o tomar medidas para solo una parte del problema, es peligroso y  puede ser contraproducente, así  pretender solucionar la falta de enfermeras sin entrar a fondo en porque faltan enfermeras solo formando a más enfermeras es un engaño y una estrategia de hoy para hoy, o si lo prefieren, “pan para hoy y hambre para mañana”, que va a arrojar a una parte importante de nuestra juventud al desengaño y a la precariedad laboral y que solo servirá para que gestores sin escrúpulos se aprovechen de esta situación teniendo mano de obra (y digo expresamente mano de obra que es algo a lo que algunos gestores de enfermería solo les interesa) barata, con la que podrán hacer lo que les venga en gana con ella (contratos precarios, disponibilidad inmediata en cualquier momento en una especie de esclavitud del Siglo XXI…) y cumplir con sus objetivos e incentivos de gestión, que no con la calidad de atención de sus usuarios y la calidad de vida de los profesionales. Luego al poco tiempo y ante la falta de expectativas muchas de estas enfermeras abandonarán la profesión (que tanto dinero público ha costado para  su formación universitaria) o se irán a trabajar al extranjero y vuelta a empezar, a formar más y más enfermeras… Algunos hasta se vanagloriarán de lo bien formada que está la enfermería española, y aquí sin enfermeras y siendo cuidados por profesionales con menos capacitación….

Y para muestra un botón; acaban de salir a la luz los demoledores resultados de una encuesta realizada por el Consejo General de Colegios de Enfermería de España a una muestra de 19.300 enfermeras sobre un universo de 275.000 enfermeras en activo en España.

En ella se constata que durante la pandemia de COVID, con una incidencia de contagios en las enfermeras que multiplica por 2,3 la de la población general, un tercio de los encuestados  han sufrido depresión, 6 de cada 10 insomnio y un 67,5% episodios graves de ansiedad. La pandemia de COVID ha puesto la guinda a una situación que se arrastra desde hace tiempo y que exige una solución inmediata, calificando las enfermeras encuestadas su situación como insostenible con contundentes afirmaciones:

  • Los profesionales encuestados consideran que es necesario doblar las plantillas para poder proporcionar unos cuidados adecuados.

  • Un 46,5% se han planteado incluso abandonar la profesión.

  • 3 de cada 10 no volverían a estudiar la carrera,

  • El 62,8% de los profesionales que podrían obtener la jubilación barajan solicitarla antes, aunque pierdan dinero y esta se reduzca. (¿Por cierto alguien me podría explicar por que un maestro, bombero o policía se puede jubilar a los 60 años y las enfermeras no..?).

  • Puntúan en 2,97 sobre 10 la conciliación de su profesión con la vida familiar.

  • Un 3,35 las cargas de trabajo que sufren.

  • Un 2,92 el reconocimiento de la carrera profesional.

  • 3,37 el salario.

  • Y 2,28 el desarrollo de las especialidades de enfermería.

“Pretender solucionar la falta de enfermeras sin entrar a fondo en porque faltan enfermeras solo formando a más enfermeras es un engaño y una estrategia de hoy para hoy, o si lo prefieren, “pan para hoy y hambre para mañana””.

 

No es extraño que el 98,7% de las enfermeras no se sientan reconocidas por los políticos y que el 91,7% crea que es necesario movilizarse. E insisto, ¿la solución de este desaguisado es exclusivamente formar más enfermeras?

 

¡¡Cuidado con las soluciones a medias o parciales, pueden ser contraproducentes y agravar aún más los problemas¡¡

 

Por otra parte, el incremento desmesurado de plazas de enfermería en las universidades, además del argumento anterior en relación con sus magras expectativas profesionales y personales, arroja serias dudas acerca de quien, cómo y en que condiciones se va a formar a los futuros profesionales, tanto en su formación teórica, como en su formación práctica, lo que se puede transformar en un “disparo al pie” ante la posibilidad de devaluar la profesión enfermera en un momento en el que muchos queremos dignificarla y que tantos han luchado para que se alcanzase una formación de calidad acorde con las expectativas de la población y de la evolución de la atención de salud.

La solución es compleja, requiere de acciones valientes y globales y se basa, además de dotar al Sistema de Salud de recursos económicos adecuados a lo que se espera y necesita de él, de tener políticos honestos y realistas, buenos gestores y en hacer atractiva la profesión enfermera, reconocerla, retribuirla adecuadamente, permitir que las enfermeras desarrollemos al cien por cien nuestro potencial y que podamos conciliar la vida laboral con la profesional, así como nuestro desarrollo científico e intelectual. Las Enfermeras Geriátricas también y estelarmente reclaman este ejercicio para su quehacer.

De esta manera les aseguro que nuestras enfermeras no tendrán que emigrar, que muchas de las que están fuera volverán, que muchas de las que han abandonado la profesión regresarán y, sobre todo, que cuando tengamos que ser cuidados, y a todos nos va a tocar un día u otro, seremos bien cuidados, y espero y deseo que no por enfermeras de otros países, o peor aún por profesionales “low cost” y de escasa formación, mientras  nuestras viene formadas enfermeras son reconocidas y  están cuidando a otros ciudadanos europeos,

 

Joan Enric Torra i Bou

PD: Me gustaría dedicar, en representación de la gran cantidad de enfermeras y otros profesionales de la salud y sus familias que han pagado con su vida o su salud su compromiso con el cuidado de la salud a Pedro José Carrillo León, enfermero del Hospital Universitario de Jaén y profesor de integridad cutánea en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén quién nos dejó a causa del COVID y también a Xavi M, Elena V… y otros muchos miles de profesionales que aquí y en todo el mundo han sufrido, y algunos siguen sufriendo los embates de la pandemia.

 

 

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